Justificación Desde la década de 1980, la legislación y los planes nacionales recomiendan una mayor participación de la población local en la silvicultura, como aspecto fundamental para el desarrollo del sector, lo que además incentivaría a la población a convertirse en la principal garante de los recursos forestales a largo plazo (FAO, 1986; RGE, 1997; UICN, 1991; UICN, 2000; MBPMA, 2000). Una mayor participación implicaría que las poblaciones intervinieran en la toma de decisiones sobre bosques y tierras, en la elaboración de inventarios y planes de gestión, en el desarrollo de actividades empresariales relacionadas con los productos forestales, en la distribución de beneficios, en la vigilancia y el control de las actividades de campo, etc.
A pesar de los esfuerzos realizados, en la actualidad, la población de Guinea Ecuatorial no siente que participe activamente en la gestión de la tierra y los bosques, ni que se beneficie del sector forestal, salvo algunas excepciones. El papel de la mujer en la gestión de los recursos naturales no se reconoce adecuadamente y, con demasiada frecuencia, sigue quedando excluida de la toma de decisiones y la planificación. Los consejos critican su escasa participación en la producción de madera, sus escasos beneficios derivados de las concesiones madereras, la falta de consulta en la toma de decisiones relacionadas con el uso de su territorio y los impactos negativos en sus ecosistemas (es decir, variación de los cursos de agua, erosión del suelo, tala de árboles frutales, daños a los cultivos) (MAGBMA y FAO, 2018).
Cuarenta y nueve bosques comunales están registrados formalmente, todos en la región continental (MAB y WRI, 2013). Durante las consultas de preparación del proyecto, muchas comunidades indicaron que el proceso de registro de bosques comunales se llevó a cabo para llegar a acuerdos con empresas madereras con el objetivo de obtener una compensación, ya sea económica (a precios variables y sin base en un plan de manejo o inventario forestal) o mediante la construcción de infraestructura social. Algunas comunidades establecieron acuerdos con pequeños operadores de motosierra para el uso de los bosques comunales a cambio de un porcentaje de los beneficios para la comunidad, el cual no siempre se distribuye equitativamente entre sus miembros. Otras comunidades lamentan que la madera se explote en sus territorios sin su consentimiento o por operadores de motosierra ajenos a la comunidad. Algunos miembros de las comunidades también señalan que las prohibiciones establecidas para los pequeños operadores de motosierra (serroteros)
están generando dificultades económicas, ya que en muchos casos la madera es la principal fuente de ingresos familiares
En general, la población no está suficientemente informada sobre la legislación vigente ni cuenta con las capacidades necesarias para gestionar y utilizar adecuadamente las tierras comunales. En este contexto, la explotación forestal comercial genera beneficios escasos y desiguales para la población local, y su potencial para contribuir al desarrollo económico rural y a la reducción de las desigualdades de género permanece sin aprovecharse. Por otro lado, los diferentes usos de la tierra en los bosques comunales (reconocidos o no) han generado conflictos entre y dentro de las comunidades. En estas tierras comunales se dan actividades de aprovechamiento forestal, agricultura itinerante tradicional, tala informal y explotaciones agrícolas intensivas. Estos múltiples intereses, sumados al reciente aumento de la explotación maderera, han puesto a prueba los mecanismos tradicionales de gestión de la tierra y resolución de conflictos.
Objetivo: conservar y aumentar las reservas de carbono forestal y promover medios de vida sostenibles mediante la gestión sostenible de bosques y tierras a nivel comunitaria.